El Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), con su presidenta a la cabeza, Lourdes Menacho Vega, ha mantenido una reunión institucional, en el día de ayer, 26 de marzo del 2025, con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, para abordar la situación del sector de la Educación Social, tras el trágico asesinato de la profesional Belén Cortés, ocurrido el pasado 9 de marzo, en Badajoz.
A la reunión, han asistido también Mª Victoria Rodríguez Mateos, presidenta del Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Extremadura (COPESEX); Xavier Puig Santulària, vocal de la Junta de Gobierno y Pablo Sánchez Mirete, director general del CGCEES, así como algunos miembros del equipo del Defensor del Pueblo, Isabel Aymerich, directora del Gabinete, Rafael Muguruza, director del Área de Sanidad y Antonio Fernández, técnico del Defensor del Pueblo.
Durante el encuentro, el CGCEES trasladó al Defensor y su equipo la profunda preocupación por las condiciones en las que sus profesionales desarrollan su labor, especialmente en dispositivos residenciales con menores bajo medidas judiciales. Se hizo hincapié en los riesgos que enfrentan diariamente y en la urgencia de que las administraciones públicas adopten medidas concretas para garantizar entornos seguros y condiciones laborales dignas.
El Defensor del Pueblo informó sobre las actuaciones de oficio que ha iniciado ante la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura y la Fiscalía General del Estado, con el fin de esclarecer lo sucedido y evaluar las posibles responsabilidades institucionales.
Ambas partes coincidieron en la necesidad de una revisión crítica de los marcos normativos autonómicos y estatales de los sistemas de justicia juvenil y de protección a la infancia, así como del funcionamiento de los sistemas de inspección, supervisión y gestión de recursos humanos en los centros. “Es imprescindible que se mejoren las condiciones en las que trabajan las educadoras y educadores sociales”, subrayó Ángel Gabilondo.
Por su parte ,Lourdes Mancho Vega señala: “Necesitamos reconocimiento social como Educadoras y Educadores Sociales, condiciones laborales dignas para todas las profesionales de la intervención social y un sistema que proteja de forma efectiva a la infancia y la adolescencia”.
Desde el CGCEES se remarcó que esta tragedia no es fruto de un hecho aislado, sino la manifestación extrema de un sistema frágil, altamente externalizado y carente de los medios adecuados. La delegación del Consejo insistió en la necesidad de avanzar hacia un modelo público, profesionalizado y seguro, en el que se valore y proteja la intervención socioeducativa como un pilar del sistema de protección social.
El CGCEES y el Defensor del Pueblo acordaron mantener el contacto y realizar un seguimiento conjunto de las respuestas institucionales a este caso, con el objetivo de valorar si las medidas adoptadas permiten avanzar hacia entornos de trabajo más seguros para el colectivo profesional.
