Mesa unitaria en defensa del sector social y de atención a las personas de Cataluña

02/12/2019 · Cataluña

El 18 de noviembre, la presidenta del CEESC, María Rosa Monreal, junto con las y representantes del resto de entidades (ACELLEC, ACRA, ASADE, CEESC, TSCAT, COPEC, CCOO, La confederación, La Unión, la Mesa de Entidades del Tercer Sector social de Cataluña, UGT y Upimir) han firmado y presentado un manifiesto donde se reclaman unas políticas públicas que aseguren la cobertura de los derechos sociales, la calidad de la atención, la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

Durante la rueda de prensa de presentación del Manifiesto se ha denunciado la «situación crítica» en que se encuentra el sector y han puesto de manifiesto «la necesidad urgente de garantizar una inversión adecuada para dar una respuesta de calidad a los colectivos más vulnerables y, al mismo tiempo, asegurar unas condiciones de trabajo dignas «a los y las profesionales, y se ha pedido» al Gobierno y al Parlamento de Cataluña construir los consensos necesarios para garantizar unos presupuestos 2020 que aseguren el desarrollo de las políticas sociales y reviertan de forma inmediata la situación de infrafinanciación crónica que ha sufrido el sector durante más de 10 años «.

Después de enviar el Manifiesto a los máximos responsables del Gobierno y del sector, en los próximos días, se pedirán reuniones urgentes para iniciar un diálogo efectivo que permita avanzar en la construcción de un sector social fuerte y capaz de asegurar la calidad de la atención, la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

Información

Acceso el manifiesto

Mesa unitaria en defensa del sector social y de atención a las personas de Cataluña

MANIFIESTO

«Ante la falta de respuestas y soluciones por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña que reviertan la situación de retroceso a raíz de la crisis iniciada el 2008 y las dificultades generadas por el complejo contexto sociopolítico actual, sindicados, patronales, Tercer Sector y colegios profesionales nos unimos en defensa del sector social y de atención a las personas, reclamando unas políticas públicas que aseguren la cobertura de los derechos sociales, la calidad de la atención, la sostenibilidad de los servicios y la mejora de las condiciones laborales de los profesionales.

El país necesita un sector social fuerte, con capacidad de innovación, con potencial para retener el talento y promover el desarrollo profesional, con entornos de trabajo saludables que reviertan en la calidad de la atención a las personas. Es urgente dotar de los recursos públicos necesarios al sector social para hacerlo posible.

En este marco, y ante la complejidad que vive el sector, las organizaciones firmantes:

Instamos en el Gobierno y en el Parlamento de Cataluña a construir los consensos necesarios para garantizar unos presupuestos 2020 que aseguren el despliegue de las políticas sociales (por ejemplo: Dependencia, Renta Garantizada de Ciudadanía, actualización de la IRSC, Vivienda Social, Pacto Nacional por la Interculturalidad, Agencia Catalana de Protección Social, Ley de derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia, políticas de apoyo a las familias, Ley del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista, entre otros) y reviertan de forma inmediata la situación de infrafinanciación crónica que ha sufrido el sector durante más de 10 años.
Alertamos de la situación crítica en que se encuentra el sector y de la necesidad urgente de garantizar una inversión adecuada para dar una respuesta de calidad a los colectivos más vulnerables y, a la vez, asegurar unas condiciones de trabajo dignos para los profesionales que día a día trabajan por la mejora de la calidad de vida de las personas. Hace falta una apuesta decidida para pasar del 0,5% del PIB actual al 2% de inversión mediana en los diferentes países de nuestro entorno.
Reivindicamos, igualmente, que las dotaciones presupuestarias destinadas a los servicios que se dirigen al conjunto de la población sin distinción de sus circunstancias particulares sean suficientes para garantizar su carácter universal y profundicen en su relación transversal e inseparable de los ámbitos educativo y cultural.
Reclamamos situar el sector social y de atención a las personas como pilar fundamental – y estratégico – del Estado del Bienestar, junto a salud y educación. Somos un sector productivo imprescindible, generador de actividad económica, ocupación y cohesión social, con un alto impacto y retorno a las personas y al territorio.
Apelamos a que se haga una revisión a fondo del modelo actual para avanzar hacia la construcción de una cartera de servicios sociales y de atención a las personas innovadora, que permita ajustarse a la realidad cambiante, a los nuevos modelos de intervención y a las necesidades de las personas.
Consideramos que para garantizar la efectiva cobertura de derechos sociales es imprescindible que la Administración asegure la calidad y la transparencia en la gestión de servicios públicos, desarrollando estándares de calidad e implantando los mecanismos de seguimiento correspondientes, control y evaluación de los mismos.
Pedimos a la Generalitat de Cataluña que siga velando por el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas de contratación pública de servicios a las personas firmado en 2015 con todos los agentes vinculados al sector y firmantes del presente manifiesto.
Proponemos hacer un salto cualitativo adelante en la mejora de las condiciones laborales de los profesionales del sector, un 75% de los cuales son mujeres. Una correcta inversión del sistema de servicios sociales y de atención a las personas tiene que revertir necesariamente en la mejora de las condiciones de trabajo y en un reconocimiento de las figuras profesionales vinculadas al sector, asegurando la implementación tanto del Acuerdo Interprofesional de Cataluña como del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2019 y posibilitando lograr en las mesas de negociación colectiva el objetivo compartido de no tener ningún salario por debajo los 14.000 €. En esta línea, apostamos en avanzar hacia la equiparación de condiciones laborales de todos los profesionales del sector, independientemente de la forma de gestión, directa o externalizada. Estamos hablando de servicios públicos y, por tanto, hacemos nuestra la premisa de igual trabajo, igual salario.
Finalmente, instamos a los poderes públicos a que reconozcan a todos los agentes que forman parte del sistema catalán de servicios sociales y de atención a las personas, garantizando su plena participación en espacios efectivos de trabajo, coordinación, coproducción y evaluación de las políticas públicas.