El díario digital NoticiasPress.es publica la siguiente notica, que recogemos:
«La Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), Ángeles Perera, se ha sumado a la Campaña nacional para la petición de creación de una Ley de Regularización de la Profesión de Educación Social. La suscripción a esta iniciativa, que tuvo lugar recientemente en la Facultad de Ciencias de la Educación, contó con la presencia del Presidente del Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias (CEESCAN), Francisco Rodríguez Reyes.
Se trata de una campaña nacional de recogida de firmas, apoyada por el CEESCAN, cuyo objeto es su remisión al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad del Gobierno de España para la petición popular de la creación de una Ley Regularizadora de la Profesión.
El CEESCAN ha emitido un comunicado en el que declara que «el apoyo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria es muy importante por la vinculación que se tiene desde los orígenes con ella y por que existe un apoyo continuo entre el colegio y la facultad cada año, culminando en las Jornadas de la Educación Social, siendo las de este año con un objetivo muy concreto “Educación Social en los centros educativos: nuevos escenarios y retos profesionales”.
La Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC colabora con el Colegio Profesional de Educadores y Educadoras Sociales de Canarias en la difusión y organización de diferentes acciones y actividades, como las III Jornadas de Educación Social, celebradas recientemente en el centro universitario.
La falta de regularización de la profesión de Educador/a Social hace que no estén claros los límites y el alcance de la misma, tanto en la Administración Pública como las entidades que desarrollan los programas. Es necesario adecuar la denominación de Educador/Educadora Social a los cargos ocupados, con los requisitos necesarios para el acceso en función de la titulación y elaboración de los planes. La educación social es «una prestación educativa, al servicio del cumplimiento de los valores fundamentales de un Estado de Derecho, como la igualdad de todos los ciudadanos, la justicia social y el pleno desarrollo de la consciencia democrática».
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