Recibido de CoPESA
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«EL COLEGIO PROFESIONAL DE EDUCADORAS Y EDUCADORES SOCIALES DE ANDALUCÍA HA PRESENTADO HOY 57 ALEGACIONES AL PROYECTO DE LEY DE JUSTICIA JUVENIL
El Colegio Profesional de Educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA) ha enviado a través de correo electrónico, un documento con 57 alegaciones al Anteproyecto de Ley de Justicia Juvenil a la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación de la Consejería de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, como según establece el procedimiento en la Resolución de 20 de julio de 2018, de la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación, por la que se somete a información pública el anteproyecto de Ley de Justicia Juvenil de Andalucía.
Desde CoPESA lamentamos que el periodo establecido en la normativa para la realización de alegaciones ha coincidido con el mes de agosto, mes en el que la mayoría de las personas disfrutan de sus vacaciones y en las que es más complicado sacar tiempo para la lectura detenida que el Anteproyecto requiere, ya que la conciliación de la vida familiar y laboral en los meses estivales requiere más dedicación y atención. Por lo que nos gustaría hacerle llegar nuestra propuesta en la que manifestamos que no sería recomendable proponer plazos de aportación a normativas en los meses de verano, sobre todo en agosto, mes en el que además no hay actividad parlamentaria.
La elaboración de las enmiendas ha sido realizada por un grupo de doce personas colegiadas de distintas provincias, con experiencia y trayectoria en este ámbito y en otros relacionados.
La justicia juvenil ha adquirido relevancia propia dentro del derecho penal por las características singulares de la población de menores a la que se dirige, que se encuentran en proceso de madurez psicológica y de adaptación evolutiva a la edad adulta, siendo necesaria que la respuesta educativa-sancionadora del Estado de Derecho se acompañe de una efectiva intervención socioeducativa.
A pesar de haber transcurrido más de cinco años desde la entrada en vigor de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, el Gobierno de España no ha remitido, en este período de tiempo, al Congreso de los Diputados un informe, en el que se analizara y evaluara los efectos y las consecuencias de la aplicación de esta Ley Orgánica, según la Disposición Adicional Sexta.
Proximamente compartiremos las aportaciones de carácter general que se detallan en las enmiendas».
