«Comunicado del CEESC con relación al ataque racista a los niños inmigrantes tutelados por la Generalitat en el albergue Cal Ganxo de Castelldefels
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El ataque convertido el pasado fin de semana contra un grupo de jóvenes inmigrantes tutelados por la Generalitat y contra el equipo de profesionales que les prestan atención socioeducativa en el centro Bassam, en el equipamiento municipal de Cal Ganxo de Castelldefels, merece nuestra condena y nuestro rechazo más radical.
Las actitudes xenófobas explícitas de las personas atacantes no pueden interpretarse como unos hechos aislados. Recientemente se vivió una situación similar en otro municipio. Se trata de un racismo estructural que parece estar tomando fuerza gracias a determinados discursos que están ganando presencia mediática y política.
No podemos olvidar que nuestra sociedad se ha expresado de manera clara, masiva y repetida desde la voluntad solidaria y sensible con estos jóvenes y que, en su mayoría, somos contrarios a hechos como los vividos este fin de semana. Queremos acoger y esto sólo será posible si las condiciones y los recursos son los adecuados.
La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia, del Departamento de Trabajo Asuntos Sociales y Familias se ha de preocupar en encuadrar estos hechos plenamente en la estrategia de país diseñada de manera transversal y presentada a finales del mes de enero, para hacer frente a la creciente llegada de estos hombres y mujeres: Estrategia catalana para la acogida y la inclusión de los niños y jóvenes emigrantes no acompañados.
Esta estrategia respondía a una situación de emergencia a la que no se debería haber llegado, ya que desde muchas y diversas instancias ya hacía tiempo que se habían ido emitiendo resoluciones sobre las necesidades manifiestas del sistema de protección a nuestros niños y adolescentes: Síndic de Greuges, Parlamento de Cataluña, Unicef, el propio CEESC …
Ya en aquel momento nos posicionamos explicitando que no se hacía ninguna referencia a los recursos económicos necesarios para llevar a cabo el despliegue de una estrategia tan ambiciosa como necesaria. Pero no sólo hablábamos de recursos económicos sino, también, que era necesario un contundente compromiso político para buscar alternativas habitacionales adecuadas a los jóvenes o, por ejemplo, para adaptar los servicios que actualmente ya operan en el territorio, dimensionando-en la medida en que pudieran incluir la atención al colectivo al que nos referimos.
No podemos estar de acuerdo en ofrecer las respuestas residenciales -que celebramos- sin los proyectos y los equipos educativos necesarios, o sin tener en cuenta la población de acogida. Para estos jóvenes se trata de su casa, el lugar donde deben sentirse protegidos. La atención que se les debe ofrecer debe ser excepcional, porque su situación lo es, y debe tener el componente comunitario, un hecho que no surge de manera espontánea.
Las educadoras y los educadores sociales son las personas más cercanas a estos niños y se encuentran en una situación muy compleja -con presiones creuades- que requiere el máximo apoyo desde todas las instancias. Se han de garantizar el apoyo y el cuidado a los profesionales que deben atender al colectivo. Es prioritario. Lógicamente nos referimos a aquellos que se han visto directamente afectados por estos incidentes, pero, también, de manera genérica a todo el colectivo que hace mucho tiempo que vive la presión de un sistema extremadamente tensionado.
Lamentamos profundamente que se repita el mensaje de que no hay profesionales en el mercado laboral para atender las necesidades de los servicios que se están implementando. Tenemos el firme convencimiento de que las condiciones en que se están poniendo en marcha estos servicios, así como las condiciones que se ofrecen para trabajar, dificultan que los profesionales cualificados quieran acceder, ya que hacerlo puede implicar convertirse cómplices de un sistema que no da la respuesta que los niños y el conjunto de la sociedad requieren.
No daremos apoyo al despliegue de una red paralela de protección a niños y jóvenes que no responda a un diseño socioeducativo real, que pasa por la inversión previa y por la garantía de un trabajo comunitario auténtico. Tampoco apoyaremos ningún despliegue de políticas sociales que quiera desarrollarse sin los profesionales adecuados. Las educadoras y los educadores sociales están formados para abordar situaciones de complejidad y hay que poner en valor si queremos apostar por políticas sociales de calidad y dejar de lado modelos asistenciales de tiempos pasados.
Este comunicado, más allá de denunciar los hechos, quiere animar a los responsables políticos a llevar a cabo las respuestas ya pensadas y consensuadas en la estrategia de país. Asimismo, quiere apelar, especialmente en esta época electoral, a la responsabilidad política de no hacer uso de las políticas migratorias para la obtención de réditos electorales. Es una cuestión de derechos humanos y, por tanto, fundamental.
Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya
Barcelona, 12 de marzo de 2019″
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