Como estaba previsto e informábamos anteriormente, el Colegio Profesional de educadoras y Educadores Sociales de Andalucía (CoPESA), realizó una concentración frente al Parlamento de Andalucía en la tarde del 4 de octubre.
Recogemos la información que nos faciltia CoPESA
«El pasado jueves, día 4 de Octubre, CoPESA convocó una concentración frente al Parlamento de la Junta de Andalucía, con el objetivo de reivindicar la creación de la categoría del educador/a social en la Función Pública de la Junta de Andalucía, así como para denunciar al situación de precariedad que vive la profesión ante la progresiva privatización y externalización de servicios, que repercute directamente en los servicios y derechos de la ciudadanía con la que trabajamos.
Desde la Junta de Gobierno de CoPESA se agradece la participación de las personas que se trasladaron desde todas las provincias de Andalucía.
Estuvieron en la misma el Presidente de la Junta de Gobierno del CoPESA, José, y la Presidenta del Consejo General de Colegios de Educadoras y Educadores Sociales (CGCEES), Lourdes Menacho Vega acudieron a dicha concentración, colegiadas y colegiados del CoPESA, de las ocho delegaciones provinciales, así como alumnas y alumnos del Grado de Educación Social, de las ocho provincias andaluzas. Dirigieron unas palabras a asistentes, el presidente del CoPESA y la presidenta del CGCEES, en las que manifestaron:
«Esperamos que el Parlamento de Andalucía se hiciese eco de esta protesta y que le pida al Gobierno Andaluz que cumpla con la Ley 9/2005 y unifiquen las distintas categorías profesionales de la RPT de educadores/as, en una sola, Educadora y Educador Social, al igual que en el resto de las administraciones, en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Así como que se cubran los puestos de trabajo en la Administración Andaluza, del perfil de educadora o educador, con Educadoras y Educadores Sociales que cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 9/2005».
Seguiremos realizando este tipo de acciones para dar a conocer estas y otras reivindicaciones de la profesión, que repercuten directamente en los derechos de la ciudadanía».
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