Esta es la principal conclusión de la reunión que mantuvieron hoy en la Cámara regional el presidente del Parlamento, Antonio Castro, y un representante de cada grupo parlamentario, con miembros de la Asociación Canaria de Educación Social y de la Asociación Profesional de Educadores Sociales de Canarias.
Estas son las dos asociaciones creadas en este ámbito en las islas y desde hace cuatro años trabajan conjuntamente con el mismo objetivo, la creación del Colegio Profesional, explicó a los periodistas Juan Trujillo, presidente de la Asociación Profesional de Educadores Sociales.
Uno de los objetivos de crear el Colegio Profesional es el de regularizar la profesión porque hay muchos educadores no habilitados para ello y ni siquiera son diplomados en Educación Social, dijo Trujillo.
Los educadores sociales tienen varios cometidos y el principal es el de trabajar desde el punto de vista educativo en apoyar la reinserción fomentando habilidades y sistemas de autogestión, señaló.
Pero el hecho de que haya intrusismo implica que la profesión está «en el limbo», continuó Juan Trujillo, quien agradeció a los grupos parlamentarios el apoyo para sacar adelante el proyecto de ley correspondiente «y que este espacio que queda en las aguas se reestructure y normalice».
Marisa Zamora, diputada de Coalición Canaria, precisó que Canarias es una de las tres comunidades autónomas que no cuenta con un Colegio Profesional en este ámbito y subrayó la importancia de disponer de un organismo que garantice que una persona está habilitada para ejercer una profesión.
Ello es especialmente relevante cuando se habla de menores en situación de riesgo o exclusión social y familias desestructuradas, precisó.
La idea de los tres grupos parlamentarios es tramitar el proyecto de ley de forma conjunta para que esté culminado en febrero, añadió.
La diputada del grupo Socialista Gloria Gutiérrez dijo que si es necesario se habilitarán días para preparar el proyecto, que debe contar con los informes preceptivos del Consejo Consultivo y memoria técnica, entre otros trámites.
Gloria Gutiérrez subrayó que con este proyecto se podrá desarrollar la ley de servicios sociales, pues los educadores tienen un papel relevante ante las familias en riesgo para evitar el desamparo de los menores y que éstos «se institucionalicen por tiempo indefinido» en los centros de acogida.
También ayudará a desarrollar aspectos de las leyes de atención a la dependencia y la violencia de género y con la creación del Colegio Profesional se garantiza el cumplimiento de la normativa y la preparación de cada educador. EFE
